Todo empezó en dos fechas claves: 1979 cuando la revolución iraní puso fin al suministro del 60% del crudo que Israel recibía del gobierno del Sha, y 1982 con la devolución de la península del Sinaí y sus campos petrolíferos a Egipto, que cubría el 20% de su consumo. A partir de entonces, poner fin a la inseguridad energética se había convertido para Israel en un asunto de seguridad nacional, por lo que diseñó un ambicioso plan para diversificar la procedencia de sus importaciones, al tiempo que se puso a explorar los territorios bajo su control en busca de gas y petróleo. En el 1990, gigantes petroleras como British Gas (BG Group) empezaron a trabajar en la zona y descubrieron grandes yacimientos de gas y algo de petróleo. Hasta aquí todo bien si no hubiera surgido un problema irresoluble para los israelíes: que gran parte de aquellas reservas, unos 1,4 billones de pies cúbicos estimados, cuyo valor ascendía a 4 mil millones de dólares estaban localizadas en la Franja de Gaza, y cuya soberanía, según las leyes internacionales, reside en la Autoridad palestina (AP), gobierno debilitado y acosado desde dentro por las fuerzas de la oposición, y desde fuera por el gobierno de Tel Avive y sus aliados. En tal situación AP firmó un acuerdo en 2000 con British Gas para que durante los próximos 25 años explorara sus costas mediterráneas. El pacto estipulaba que la firma británica se llevaría el 60% de los beneficios de la explotación, su socio greco-libanés Consolidated Contractors, el 30%, y a los palestinos, sus verdaderos propietarios legales sólo le correspondería el 10% restante, que además no lo recibirían en dinero, sino que se les depositaba en una cuenta internacional.
Sin embargo, el gobierno israelí ni respetó un acuerdo tan precario y humillante para los palestinos. Tenía que ser el único consumidor y dueño de aquella riqueza, a precio que fuera. Ariel Sharon se negó rotundamente comparar el gas palestino, paralizó los trabajos de BG, y en su lugar facilitó la firma de un acuerdo entre la empresa israelita Merhav y la Compañía Petrolífera de Egipto para abastecer sus necesidades desde la Delta de Nilo. Difícil negocio, tanto para el gobierno de Hosni Mubarak, ya que la opinión pública de su país -con la Intifada Palestina de trasfondo-, deslegitimaba aquel trato, como para Israel que recibía presiones sobre todo por parte de Tony Blair en apoyo a BG, y para que suspendiera sus acuerdos con El Cairo. Los egipcios tampoco escatimaron esfuerzo para cerrar los pozos de Gaza: no querían perder a Israel, uno de los principales clientes de su gas natural.
Los planes de Israel para monopolizar el control sobre esos recursos entraron en una nueva fase cuando en 2006 Hamas –rama palestina de Hermanos Musulmanes egipcios aunque próximo al gobierno de Irán- tomaba el poder en la Franja de Gaza. Tel Aviv ya podía respirar tranquilo puesto que las leyes internacionales impedían que una empresa como BG firme acuerdos con una organización considerada terrorista.
Una vez BG apartada, apareció en su lugar el consorcio israilita-estadounidense Yam Tethys que extrae el gas de la costa meridional de Israel, y que espera paciente el fin de las operaciones militares del ejército israelí para explotar o comprar las reservas de gas natural de Gaza, empapados de sangre inocente de las gentes.
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