El Estado español continúa con su política a favor de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM). Esta vez ha intentado bloquear una investigación que pretende esclarecer sus impactos socioeconómicos.
El Gobierno español, en el que hay cargos políticos vinculados a la industria de los transgénicos, como comenta un representante de Amigos de la Tierra, presiona para que la UE no profundice en los posibles inconvenientes del cultivo de transgénicos. Y la producción en el Estado suma y sigue, con más de 80.000 hectáreas de maíz transgénico que invade los campos de cultivo, como denuncian las organizaciones ecologistas.
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