El auto judicial imputa a la presidenta del ente y a un alto cargo del Gobierno central por prevaricaciónLa paralización del proyecto de ampliación del muelle de Areal ha dejado al puerto de Vigo en una situación difícil, ya que se queda sin una zona de atraque durante un tiempo indefinido que no se prevé corto. Este es un daño colateral del auto judicial conocido el jueves y que ha provocado un auténtico terremoto en el puerto vigués. Su consecuencia inmediata es que la tantas veces intentada ampliación de Areal queda una vez más bloqueada, aunque la última palabra la tendrá ahora la Audiencia Provincial. La presidenta del Puerto, Corina Porro, destacó ayer el daño que va a sufrir la economía de la ciudad con esta medida, ya que el puerto se queda de momento sin ampliación. Mientras no exista una decisión definitiva, una parte de los muelles Areal y Transversal (utilizados para el comercio de sal, piedra y chapa, principalmente) estarán fuera de servicio al haberse iniciado las obras. A día de hoy, con la importante bajada de tráficos que se ha producido, no supone un grave problema. Por el contrario, en caso de repuntar la actividad el puerto vigués podría colapsarse.
Estaba previsto que ambos muelles estuvieran fuera de servicio durante tres años, tiempo previsto de ejecución del relleno de casi 50.000 metros cuadrados, un tercio de esta superficie apoyada sobre pilotes. Ahora, sin embargo, el panorama es incierto y a más largo plazo a la espera de que se aclare si las obras pueden seguir adelante. Por este motivo en los estamentos portuarios el desánimo era ayer evidente, al igual que entre los sectores económicos y empresariales de la ciudad
Porro, imputada
Lo evidente en estos momentos es que se imputan a la presidenta portuaria, Corina Porro, y a la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental del Gobierno central, María Jesús Rodríguez, sendos delitos de prevaricación. A la primera, por haber impulsado la obra sin existir un plan de usos de los espacios portuarios, y a la responsable del Ministerio de Medio Ambiente, por eximir a esta obra de la declaración previa de impacto ambiental.
Porro protestó ayer por una decisión que asegura dañará gravemente a la economía viguesa y cree que carece de base jurídica. Recordó que Vigo no es el único puerto español sin plan de usos, «circunstancia que también se produce en Ceuta, Melilla, Málaga, Sevilla o Valencia, y en muchos de ellos se están llevando a cabo importantes proyectos, algo que yo comprobé personalmente en Sevilla hace muy poco tiempo», precisó.
También defiende la interpretación de la directora general, quien consideró innecesaria la declaración de impacto. «Ya tenía vía libre un relleno de 120.000 metros cuadrados, por lo que parece obvio que otro menor y en parte sobre pilotes no precise un nuevo expediente».
Nueve meses después es posible imaginar que Porro se haya arrepentido de su tozudez. Su intención era repetir la experiencia de su gran rival, Abel Caballero, quien tras pasar por el Puerto logró la alcaldía, pese a que Porro logró 13 de los 27 concejales. Hay quien piensa que como la ampliación del puerto y su imputación no se resuelvan será complicado nombrarla candidata a la alcaldía en mayo tras una gestión con escasos resultados y una sensible bajada del tráfico portuario. Porro tiene difícil expresar lo que realmente piensa y ante los periodistas ayer se preguntaba a quién beneficiaba la decisión judicial. La respuesta evidente es que se trata de Caballero, pero también que la otra imputada es un alto cargo del Gobierno socialista. La respuesta le salió del alma: «Todos sabemos las relaciones que tiene con su propio partido y desde luego no le importa llevarse por delante a algunos. Solo tiene un objetivo y todos lo conocéis», en evidente alusión a mantenerse en la alcaldía. Poco antes una concejala socialista había pedido a Feijoo que «ponga a Porro en su sitio y en el Puerto a una persona que sepa gestionarlo. En caso contrario será cómplice». Para Raquel Díaz, «Porro no está capacitada para el cargo y ha sumido al Puerto en el caos impulsando la gravísima ilegalidad del relleno». Evidentemente, la edila socialista y por extensión Caballero no concuerdan en este punto con el Ministerio de Medio Ambiente ni con Puertos del Estado, ambos del Gobierno central y regidos por socialistas. Una opinión parecida a la de Santiago Domínguez, (BNG), que ayer criticó que «pola súa ambición de presentarse como candidata nas municipais está hipotecando o futuro do porto».
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