20 jul. 2010

El Fiscal Cándido Conde-Pumpido ordena que se investigue al Concello de Ferrol

A petición del Tribunal Supremo, el Fiscal Cándido Conde-Pumpido ordena que se investigue al Concello de Ferrol, en A Coruña, por aprobar una moción de apoyo al juez de la Audiencia Nacional. La portavoz municipal de Izquierda Unida, formación que impulsó la declaración, considera que estos hechos "nos colocan en una situación predemocrática".
NUEVATRIBUNA.ES / ISABEL G. CABALLERO 16.07.2010
Para Yolanda Díez, edil de IU en el Ayuntamiento de Ferroll (A Coruña) es “inaudito” y “un ataque a la democracia” la apertura de diligencias procesales por una “decisión soberana” tomada por el Concello. Así se pronuncia la concejala y portavoz del grupo municipal que impulsó la moción de apoyo a Baltasar Garzón aprobada el pasado 25 de marzo con los votos a favor del PSOE y del BNG, causa por la que la Fiscalía ha ordenado la apertura de diligencias procesales.

En la moción, la mayoría del pleno del ayuntamiento manifestaba su solidaridad con el magistrado tras ser imputado por el Tribunal Supremo por investigar los crímenes de la Guerra Civil y de la Dictadura.

La petición fue hecha por la propia Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, presidida por el magistrado Juan Saavedra, contra el que los colectivos de víctimas del franquismo interpusieron en su momento una querella por prevaricación acusándole de llevar a cabo una “estratagema delictiva” junto con el juez instructor Luciano Varela, responsable directo de la imputación de Garzón.

El Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido aceptó la petición del TS y remitió el 29 de junio la denuncia al Fiscal Superior de Galicia, Carlos Varela, instándole a “llevar a cabo la información oportuna con el objeto de determinar las circunstancias y la posible trascendencia jurídica del hecho”. La causa ha terminado derivando en la Fiscalía de Ferroll que es la que ha ordenado el inicio del proceso.

La concejala no logra entender el motivo que ha llevado al Fiscal a actuar de esta manera y que “nos coloca –afirma- en una posición predemocrática”. “No hemos votado nada ilegal”, añade, y denuncia la “actitud” de la Fiscalía General del Estado y del propio Gobierno central al que acusa de haber dado “instrucciones” para actuar contra el consistorio. “Alguien le dice al Fiscal que actúe”, manifiesta la dirigente de Izquierda Unida.

En la moción –cuya copia fue remitida por el propio alcalde, el socialista Vicente Irisarri a Luciano Varela- se denunciaba “la campaña de acoso y derribo” a la que estaba siendo sometido el juez y manifestaba que producía “indignación y bochorno comprobar cómo en vez de animar la persecución de los delitos cometidos durante el franquismo, se persiga a quien intenta contribuir a hacer Justicia, en el increíble salto que supone amparar a los verdugos y abandonar una vez más a las víctimas”.

En la declaración se exigía al Consejo General del Poder Judicial que actuara con la más “absoluta imparcialidad” y no suspendiera de sus funciones al magistrado de la Audiencia Nacional, ahora a la espera de juicio.

Asimismo, la moción criticaba que las actuaciones judiciales llevadas a cabo contra el juez fueran instigadas por “ámbitos de la derecha y la extrema derecha, autores de querellas criminales admitidas a trámite” que suponían “un pulso inaceptable a la democracia y a la justicia”, decía en referencia a los autores de las mismas: Falange y el pseudosindicato Manos Limpias.
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